
USO INDEBIDO DE DATOS PERSONALES EN PODERES ELECTRÓNICOS
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha admitido a trámite una reclamación contra un abogado que utilizó el domicilio particular de una persona obtenido a través de un poder apud acta electrónico otorgado ante el Ministerio de Justicia. Esto dio inicio a una investigación conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Actualmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite usar direcciones de administradores y directivos en ciertos pleitos, pero este caso plantea dudas sobre el uso de datos personales de terceros cuando ya están representados por un abogado.
El abogado utilizó el domicilio incluido en el poder electrónico para enviar un burofax directamente a la parte contraria, a pesar de que esta ya contaba con asistencia legal. El poder electrónico contenía datos como domicilio completo, aunque para acreditar la representación legal solo serían necesarios nombre y DNI. Este detalle es clave en la investigación de la AEPD. El burofax fue firmado tanto por el abogado como por el administrador de la empresa representada, lo que significa que el dato personal se comunicó a terceros distintos del profesional que accedió inicialmente al documento.
El origen del conflicto surge de una reclamación con una empresa participada por otra sociedad en un procedimiento de Mediación de Controversias (MASC). La representación jurídica pasó luego a otra sociedad, y los hechos objeto de la investigación se producen en esta fase posterior.
El caso también fue presentado ante la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) mediante una queja formal. La denuncia cuestiona que el abogado se dirigiera directamente a la parte representada, eludiendo la comunicación habitual entre abogados. Según el Código Deontológico, un abogado no puede contactar a la contraparte si ya tiene representación legal. La resolución de este expediente podría tardar 8 meses a un año.
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