Conoce las medidas de apoyo del Gobierno a pymes y empresas por la crisis del Covid-19
Las pymes y los trabajadores autónomos podrán aplazar a partir de este viernes hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis meses, con tres meses de carencia. Así lo establece el decreto-ley publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que da luz verde a una serie de medidas urgentes ante el impacto económico causado por la pandemia Covid-19. Los aplazamientos, que se podrán presentar previa solicitud, se refieren a deudas tributarias que estén en periodo voluntario de pago desde este 13 de marzo hasta el 30 de mayo.
En Euriux Abogados, te damos a conocer hoy todas las novedades aprobadas por el ejecutivo que entran en marcha. En el ámbito tributario, el real decreto publica una medida mediante la cual se permite solicitar, hasta el 30 de mayo, el aplazamiento en el pago de determinadas deudas tributarias con un límite de 30.000 euros y por un plazo de 6 meses (con una carencia de intereses en los 3 primeros), permitiendo extraordinariamente el aplazamiento respecto de las retenciones practicadas de IRPF, cuotas de IVA y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que hasta ahora eran inaplazables; esta medida queda limitada únicamente a pymes y autónomos, con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros.
A su vez la AEAT acaba de comunicar a través de un aviso informal en su página web la ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios mediante un cambio normativo inminente, por lo que hay que estar a la espera de las novedades que se lleven a cabo en relación a este punto como consecuencia de la situación generada por el Covid-19..
Ayudas al sector turístico
En la ampliación de la financiación “Thomas Cook”, (Artículo 4ª Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, promovida para atender las necesidades financieras del sector turístico consecuencia de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook) de aplicación a todas las empresas y autónomos con domicilio en España, ampliando la partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de garantía de los créditos de la línea ICO, en la cantidad de 400 millones de euros para atender a las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos del sector turístico, aplicándose la misma, de manera inmediata y de un modo automático.
Administración Pública
A partir de la publicación de este real decreto, se adoptará por parte de los organismos de la Administración General del Estado la tramitación de emergencia en la celebración de los contratos que sean necesarios para la protección de las personas, no siendo necesario la tramitación ordinaria de la Ley de Contratos del Sector Público como consecuencia de la propagación del COVID-19. Todo ello, en virtud del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, que permite a la Administración General del Estado la actuación inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones de grave peligro o necesidades de defensa nacional.
Medidas laborales
Las organizaciones sindicales y empresariales han alcanzado un acuerdo por el cual instan al Gobierno a dictar un real decreto-ley en el que se articulen medidas laborales, entre las que se incluyen una nueva regulación más sencilla y laxa de los ERTE, donde se reconozca la existencia de fuerza mayor como consecuencia de las medidas que se están adoptando, y donde a los trabajadores que por ello se vean afectados no se les exija un mínimo de cotización previa a la Seguridad Social y tales periodos de desempleo no compute como tal a efectos de prestaciones futuras de desempleo.
