Condenada una aseguradora por el cierre de un bar en la pandemia
Una compañía aseguradora tendrá que pagar 22.500 euros a un establecimiento de hostelería de Ogíjares por los días que el bar tuvo que cerrar durante el estricto confinamiento impuesto por el Gobierno de España para frenar la pandemia del coronavirus. Así lo ha dictaminado un juzgado de Granada tras estimar la demanda que el dueño del negocio impuso a la aseguradora, con la que tenía un acuerdo que incluía garantías por la pérdida de daños.
Según recoge la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada, frente a la que cabe recurso de apelación, el dueño del restaurante había firmado una póliza con Generalli Seguros que, entre otras condiciones, incluía garantías por la pérdida de beneficios.
Durante el juicio se discutió si la cobertura del seguro englobaba o no una pérdida de beneficios derivada del cierre del local por la situación de pandemia.
A pesar de que la compañía aseguradora alegó que el cierre del negocio no se encontraba dentro de las cláusulas contenidas en el condicionado general o particular del contrato, la juez sostiene que la redacción de la cláusula objeto de conflicto es “limitativa del riesgo asumido y no delimitadora del mismo”.
Por tanto, señala que se incluye en el riesgo la pérdida de beneficios como consecuencia de cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentren asegurados en la póliza, como cualquier causa de paralización de la actividad, en este caso la hostelería.
En este sentido, añade que en uno de los artículos, por la garantía de perdida de explotación, se refiere a las sufridas con motivo de la paralización total o parcial de la actividad del negocio asegurado “a consecuencia del cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentran amparados en la póliza”.
Entiende que, de no haber estado cubierto, la aseguradora debería haber excluido este riesgo de manera expresa, como sucede en otros productos de la misma compañía como son los seguros de vida.
Además, pese a que la aseguradora alegó que no constaban correctamente acreditados los daños, al no aportar una pericial que pudiera combatir la propuesta por el asegurado este argumento resultó desestimado y el juzgado ha confirmado una condena íntegra de abono de la totalidad de la cantidad reclamada, 22.500 euros.
